EFE | QUITO
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) españolas y ecuatorianas se oponen a lasubvención que otorgó España a la fundación de la petrolera Repsol YPF para un proyecto de desarrollo en la Amazonía de Ecuador, mientras que la compañía defiende su responsabilidad corporativa y labor social.
La subvención, aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), asciende a 150.000 euros (cerca de 200.000 dólares) y está destinada a un proyecto para ayudar a comunidades amazónicas a crear negocios y redes para vender sus productos sin intermediarios.
La Coordinadora de ONG Españolas en Ecuador (COEEC) y Acampada Quito, una organización vinculada al movimiento 15-M, nacido en España para reivindicar cambios sociales y políticos, mandaron sendas cartas de protesta a la AECID, mientras que en Internet se ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la decisión.
Verónica, miembro de Acampada Quito y que pidió no divulgar su apellido, acusó a Repsol de "vulnerar el derecho al territorio, al medio ambiente y al de salud".
Asimismo, dijo a Efe que la compañía "ejerce una soberanía en el territorio en el que opera y vulnera el derecho de territorialidad del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)", un órgano de la sociedad civil que emite dictámenes simbólicos a nivel mundial para defender los derechos de las minorías.
Repsol opera el bloque petrolero 16, parte del cual está dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las regiones con más biodiversidad del mundo y donde viven comunidades indígenas como los kichwa o los waoranis.
La COEEC manifestó que es "un acto de irresponsabilidad plena otorgar fondos públicos a una empresa privada como Repsol YPF, que ha sido acusada en contadas ocasiones de vulnerar la legislación nacional de los países en los que opera y de no respetar varios convenios internacionales".
La gerente de la Fundación Repsol YPF en Ecuador, Lorena Collado, negó las acusaciones y destacó a Efe que "no existe ninguna denuncia o sentencia hacia Repsol".
Asimismo, aseguró que la compañía mantiene "los parámetros de responsabilidad corporativa", así como "de respeto y promoción de los derechos humanos y ambientales, y su objetivo es cumplir con el cuerpo legal del país".
La AECID aprobó la subvención para Repsol a finales de 2011, así como para proyectos de desarrollo presentados por otras 25 compañías españolas que operan en todo el mundo.
Collado explicó que Repsol entregará el dinero íntegramente a la ONG Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), que ejecutará el proyecto, al que su Fundación también aportará casi 180.000 euros (unos 235.000 dólares).
Sin embargo, para Alexandra Almeida, representante de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, con la subvención se "intenta tapar el impacto ambiental y social" de Repsol en Ecuador, donde trabaja desde el 2000, cuando compró la empresa argentina YPF y se quedó con su bloque en la Amazonía.
Almeida argumentó que sus operaciones han supuesto un impacto ambiental y social, al afectar a los recursos naturales de comunidades amazónicas, cambiar su modo de vida ancestral y perjudicar su salud, ya que "han contaminado el agua" de la zona.
Repsol sufrió cuatro fugas de petróleo entre 2008 y 2010, según su último informe de responsabilidad corporativa, en los que se derramaron unas 280 toneladas de hidrocarburos, pero Almeida duda de estos datos, porque fueron divulgados por la misma empresa.
Verónica señaló que Acampada Quito también rechaza que se utilicen fondos públicos para dar subvenciones a empresas privadas, especialmente aquellas cuya "gestión es dudosa", como lo es, a su juicio, la acción de Repsol en Ecuador.
Collado señaló que la subvención permitirá que Repsol destine su propio dinero a otros proyectos y propuso iniciar un diálogo con las ONG críticas de la compañía.
En España, el asunto ha llegado hasta el Congreso de los Diputados de la mano del grupo parlamentario Izquierda Plural, que aseguró que desde que Repsol inició sus operaciones en Ecuador ha recibido numerosas denuncias de organizaciones indígenas y sociales, por lo que exigió que no se entreguen fondos públicos a proyectos de empresas que causan daños ambientales o sociales.
Por el momento, la AECID no se ha pronunciado sobre este tema.
La subvención, aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), asciende a 150.000 euros (cerca de 200.000 dólares) y está destinada a un proyecto para ayudar a comunidades amazónicas a crear negocios y redes para vender sus productos sin intermediarios.
La Coordinadora de ONG Españolas en Ecuador (COEEC) y Acampada Quito, una organización vinculada al movimiento 15-M, nacido en España para reivindicar cambios sociales y políticos, mandaron sendas cartas de protesta a la AECID, mientras que en Internet se ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la decisión.
Verónica, miembro de Acampada Quito y que pidió no divulgar su apellido, acusó a Repsol de "vulnerar el derecho al territorio, al medio ambiente y al de salud".
Asimismo, dijo a Efe que la compañía "ejerce una soberanía en el territorio en el que opera y vulnera el derecho de territorialidad del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)", un órgano de la sociedad civil que emite dictámenes simbólicos a nivel mundial para defender los derechos de las minorías.
Repsol opera el bloque petrolero 16, parte del cual está dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las regiones con más biodiversidad del mundo y donde viven comunidades indígenas como los kichwa o los waoranis.
La COEEC manifestó que es "un acto de irresponsabilidad plena otorgar fondos públicos a una empresa privada como Repsol YPF, que ha sido acusada en contadas ocasiones de vulnerar la legislación nacional de los países en los que opera y de no respetar varios convenios internacionales".
La gerente de la Fundación Repsol YPF en Ecuador, Lorena Collado, negó las acusaciones y destacó a Efe que "no existe ninguna denuncia o sentencia hacia Repsol".
Asimismo, aseguró que la compañía mantiene "los parámetros de responsabilidad corporativa", así como "de respeto y promoción de los derechos humanos y ambientales, y su objetivo es cumplir con el cuerpo legal del país".
La AECID aprobó la subvención para Repsol a finales de 2011, así como para proyectos de desarrollo presentados por otras 25 compañías españolas que operan en todo el mundo.
Collado explicó que Repsol entregará el dinero íntegramente a la ONG Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), que ejecutará el proyecto, al que su Fundación también aportará casi 180.000 euros (unos 235.000 dólares).
Sin embargo, para Alexandra Almeida, representante de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, con la subvención se "intenta tapar el impacto ambiental y social" de Repsol en Ecuador, donde trabaja desde el 2000, cuando compró la empresa argentina YPF y se quedó con su bloque en la Amazonía.
Almeida argumentó que sus operaciones han supuesto un impacto ambiental y social, al afectar a los recursos naturales de comunidades amazónicas, cambiar su modo de vida ancestral y perjudicar su salud, ya que "han contaminado el agua" de la zona.
Repsol sufrió cuatro fugas de petróleo entre 2008 y 2010, según su último informe de responsabilidad corporativa, en los que se derramaron unas 280 toneladas de hidrocarburos, pero Almeida duda de estos datos, porque fueron divulgados por la misma empresa.
Verónica señaló que Acampada Quito también rechaza que se utilicen fondos públicos para dar subvenciones a empresas privadas, especialmente aquellas cuya "gestión es dudosa", como lo es, a su juicio, la acción de Repsol en Ecuador.
Collado señaló que la subvención permitirá que Repsol destine su propio dinero a otros proyectos y propuso iniciar un diálogo con las ONG críticas de la compañía.
En España, el asunto ha llegado hasta el Congreso de los Diputados de la mano del grupo parlamentario Izquierda Plural, que aseguró que desde que Repsol inició sus operaciones en Ecuador ha recibido numerosas denuncias de organizaciones indígenas y sociales, por lo que exigió que no se entreguen fondos públicos a proyectos de empresas que causan daños ambientales o sociales.
Por el momento, la AECID no se ha pronunciado sobre este tema.
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