En las Comunidades del bajo Napo, en la provincia de Orellana, Petroamazonas todavía busca la aprobación de las comunidades Kichwas de la zona para obtener su autorización para realizar la sísmica 3D dentro del bloque 31.
Indígenas y dirigentes locales denuncian presión y engaños de parte de la empresa como es el caso de Boca Tiputini, Puerto Miranda, Pando Chicta, Puerto Quinche, Sinchichicta y San Vicente.
Las comunidades ser esisten en las negociaciones, indican que los tratos son injustos. Otro motivo por el cual se ha detenidola negociación es el cuestionamiento al otorgamiento de la licencia ambiental a Petroamazonas.
Las comunidades que al momento se encuentran en conflicto y ofrecen resistencia son Samona y Llanchama que han visto en el turismo comunitario su potencial recurso de subsistencia; hay que resaltar que los territorios de la comunidad Llanchama están amenazados por la próxima actividad en el bloque 31 ITT que operaría Petroamazonas.
Para las comunidades, el desconocimiento de sus derechos y las falsas promesas por parte de las empresas petroleras han diezmado poco a poco sus procesos de resistencia. Denuncian que existe desinterés de las instituciones del Estado central y el mismo ECORAE. Indican que éste administra ingentes cantidades de dinero producto del impuesto de un dólar por barril que deja la Ley 010, que con tanto sacrificio fue insertada en el laberinto de normas legales que cada día se convierten en letra muerta y esperanzas frustradas para los habitantes amazónicos.
Lo mismo pasa con el 12% de las utilidades de lostrabajadores de las empresas privadas y 12 % de los excedentes en la empresa pública desde el 2010 en que se realizó la reforma a la ley de Hidrocarburos pero hasta la fecha ninguna comunidad ni gobierno local ha recibido un solo centavo y todo se convierte en promesas y más promesas, una estrategia que busca confundir a los afectados por la descontrolada e irracional explotación hidrocarburífera.
Diocles Zambrano
Desde Orellana
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