La compañía Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural, de la que es accionista y consejero el ex presidente del Gobierno Felipe González, ha logrado que el Gobierno dé el visto bueno a la explotación y almacenamiento de gas en el suelo de Doñana a pesar de la oposición de los grupos ecologistas, que han alertado del peligro que supone para este espacio protegido por la Unesco.
Se da la circunstancia de que Felipe González dimitió el pasado mes de diciembre como presidente del Consejo de Participación de Doñana, alegando "falta de tiempo" para asistir a los plenos de la institución. Así pues, la decisión del Gobierno se ha producido un mes y medio después de que el ex presidente del Gobierno abandonara el organismo que regula la gestión del espacio protegido.
Según publicaba este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto conocido como El Saladillo "no producirá efectos adversos significativos en el medio ambiente" de esta reserva de la Biosfera y por tanto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha sido favorable.
Este proyecto tiene, como primer objetivo, la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos subterráneos de gas. Para ello se instalará ungasoducto de 18.169 metros que conectará los emplazamientos de Saladillo y el Rincón, en el término municipal de Almonte.
El Gobierno ha justificado que esta decisión se debe a que en España la práctica totalidad del gas consumido procede de la importaciónmotivo por el cual se puso en marcha el Plan de los Sectores de Electricidad y Gas y el Desarrollo de las Redes de Transporte para el periodo 2002-2011. Este plan prevé el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento de gas natural en diferentes localizaciones, como es el caso de Doñana.
Según consta en la resolución, las obras se deberán planificar de manera que se eviten los periodos de mayor actividad de las especies presentes Doñana, sobre todo en la reproducción de aves y mamíferos y en aquellas por donde discurre el lince ibérico como es el caso de los arroyos de la Rocina, La Cañada y El Gato, las lagunas de Los Ánsares, el Vento y Pinar del Conde.
La decisión del Gobierno ha caído como un jarro de agua fría entre las organizaciones ecologistas que han anunciado que llevará a la Unión Europea la resolución por el grave daño que supone para Doñana. A pesar de que formalmente está fuera del Espacio Protegido, el proyecto se halla muy apenas a unos 300 metros de la zona y la decisión del ejecutivo podría ser "ilegal".
La empresa de la que es consejero Felipe González ya tenía concedida la explotación de hidrocarburos en dos parajes de la zona y tras esta resolución culmina una batalla burocrática que comenzó en 2008.
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