Investigadora se introduce en el Bloque de Repsol en Ecuador y da testimonio de su mala praxis

Mañana viernes se presenta en Amsterdam el informe de Joanna Cabello, investigadora del Carbon Trade Watch.

 

El Carbon Trade Watch, Observatorio de los Mercados de Carbono, ha realizado a través de la investigadora peruana Joanna Cabello una visita de investigación dentro del Bloque petrolero 16 de Ecuador, en manos de la empresa española Repsol-YPF. El bloque se encuentra ubicado sobre territorio ancestral Waorani y la Reserva de la Biósfera Yasuní, afectando también a comunidades Kichwa y a la zona intangible de los pueblos originarios no contactados. La investigación incluye la entrada al Bloque, la entrevista a trabajadores y la toma de fotografías.

La investigación constata la soberanía que ejerce Repsol-YPF sobre el territorio, "Repsol YPF se atribuye la concesión como propiedad privada. Para que uno pueda visitar a las comunidades dentro del bloque se le debe pedir permiso a la empresa en sus oficinas en Quito, y no a las mismas comunidades". Por otra parte, la investigación, resalta la dependencia generada en el pueblo waorani "Las petroleras han logrado generar una enorme dependencia económica y social con el pueblo Waorani, lo que es fundamental para el control de sus territorios", a través de la educación, la atención de salud o la concesión de empleo.

 

Esta visita de investigación se realizó en contra de las órdenes que Repsol-YPF impone para ingresar en el territorio: las fotografías están prohibidas en el área controlado por la compañía española. La investigadora ha conseguido documentar una de las piscinas que se construyen para colocar el petróleo derramado, pese a que Repsol-YPF asegura que se utiliza tecnología punta. El informe declara que "es muy fácil para Repsol esconder lo que ellos quieran si es que nadie puede entrar, y los que viven dentro no pueden vivir sin la empresa".

 

Desde el Carbon Trade Watch, se reclama una investigación internacional independiente dentro del Bloque 16 de Ecuador, para examinar los daños ambientales y sociales generados por Repsol-YPF, así como se denuncia el apoyo que la Agencia de Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, le quiere brindar a esta empresa.

 

Descargar el reporte: http://www.carbontradewatch.org/articles/la-codicia-del-subsuelo-en-la-amazonia-ecuatoriana.html 

Informe: Bolivia y cómo nacionalizar a Repsol sin pagar ni un centavo

Fuente: http://www.plataformaenergetica.org/content/3229

Informe rescata las principales conclusiones de las Auditorías Petroleras, dirigidas por el experto Enrique Mariaca y en las que se identifican los delitos y daños inferidos por las transnacionales, lo que ameritaría su estatización sin compensación

Plataformaenergetica.org (La Paz, 02/03/12).- Si Bolivia cumple con las recomendaciones de las auditorías petroleras podría nacionalizar las compañías extranjeras que operan en su territorio sin necesidad de pagar ni un centavo como indemnización, señala el informe final de evaluación encargado por el propio gobierno boliviano.

“En Bolivia, según Enrique Mariaca (coordinador de las auditorías, NdR), bastaría aplicar las auditorías para nacionalizar a las transnacionales petroleras sin ninguna indemnización”, recuerdan los periodistas Nelson Vila y Mirko Orgaz, que destacan las conclusiones de este estudio presentado en el 2007 y que podrían aplicarse al caso de Repsol.

En el artículo “Más argumentos para nacionalizar Margarita y revertir el Sararenda. Acciones de la Repsol contra el patrimonio nacional”, Vila y Orgaz sostienen que “según las Auditorías Petroleras, coordinadas por Enrique Mariaca, existen argumentos suficientes para nacionalizar la petrolera española Repsol tanto por incumplimiento de contrato como por daño económico al Estado boliviano”.

“Estas auditorías, según Mariaca, probaron que las petroleras no invirtieron, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nuestro medio ambiente y defraudaron al Estado boliviano, correspondiendo nacionalizarlas totalmente y sin indemnización”.

“Las auditorías revelaron que Repsol no cumplió los compromisos de inversión que alcanzaron a 63 millones de dólares de un total comprometido de 290 millones. No sólo eso. Las auditorías probaron además que causó un dañó económico al estado de 100 millones de dólares al firmar un contrato con Petrobras el año 2001 (Hedging), sin conocimiento de YPFB”, agrega el informe que puede ser descargado en su integridad de la web de la Plataforma (ver link al final de esta nota).

El recuento de Vila y Orgaz también destaca “otras acciones de la Repsol contra el patrimonio nacional”, según los textos extraídos directamente de las Auditorías Petroleras y que presentamos a continuación:

1.- Apropiación de reservas a costo cero: reservas cedidas gratuitamente

El valor total de reservas probadas cedidas a precio cero a las empresas petroleras Chaco y Andina (Repsol); incorporando las reservas de las demás empresas petroleras al año 1997, alcanzaron al valor de MM$us 4.027 compuesto de MM$us 1.451 en petróleo/condensado y 2.576 en gas natural. De este importe se beneficiaron fundamentalmente la operadora Andina con un monto de MM$us 1.668, seguido por la operadora Chaco con MM$us 1.460 y la operadora Repsol con MM$us 486¨. (Auditorías Petroleras, página 23)

2.- Incumplimiento de contrato: no mantuvieron nivel de reservas

Se ha comprobado con datos y cifras, el incumplimiento total de los contratos de exploración y explotación comprometidos por las compañías Chaco y Andina (Repsol) por lo que estas dos empresas deben ser recuperadas por el Estado y/o YPFB en el 100% de su paquete accionario”. (Página 118)

3.- Incumplimiento de inversiones: pozo por parcela

“La operadora Repsol en aplicación al Decreto Nº 26366 no ha perforado 32 pozos en el Campo Margarita conforme al reglamento de perforación de un pozo en cada parcela en el término de cinco años. Repsol al devolver secciones de parcela en casi todo el borde del campo Margarita dio lugar a la inexistencia de parcelas completas. El mencionado decreto perjudicó al país al evitar la inversión y la certificación de nuevas reservas probadas desarrolladas”. (Página 122)

4.- Falta de tecnología (Repsol)

“Por otra parte, consideramos que las empresas Andina SA y Chaco SA han operado con falta de tecnología adecuada de buena administración, consiguientemente, estas empresas deben volver de inmediato al control de YPFB, sin ninguna indemnización por sus inversiones y al contrario en el caso de Andina SA, es deudora de un monto importante al Estado nacional”. (Página 126)

5.- Suscripción del contrato de Reducción y Volatilidad de Precios (CRVP), firmado entre Andina y Petrobras Brasil (Hedging)

El citado contrato afectó económicamente de manera significativa a Andina, con sus consecuencias en la futura distribución de utilidades a sus socios y pagos impositivos por este concepto. Esta situación fue puesta en conocimiento y aprobada por el Directorio de Andina en fecha 25 de julio de 2006”. (Página 91-92)

Se estableció un daño económico de 100 $us millones al estado boliviano por este contrato de volatilidad (Heiding)

“La suscripción del contrato de Reducción y Volatilidad de Precios (CRVP), firmado entre Andina y Petrobras Brasil, afecta al negocio del campo San Alberto en MM$us 100,91”. (Página 122)

6.- Pasivos ambientales Repsol

“En el tema de cumplimiento a la legislación ambiental por parte de la operadora (…) se ha verificado contravenciones sujetos de sanciones administrativas, que deben ser sujetos de investigación por la Autoridad Ambiental Competente (campo Cambeiti, Itatique, Margarita y Monteagudo)

7.- Ilegalidad de los contratos de riesgo compartido

“Contratos de riesgos compartidos

Todas las empresas que han sido auditadas, han firmado este tipo de contrato. Esta figura jurídica aparece en la Ley de Inversiones, N° 1182 de 17 de septiembre de 1990, Capítulo V, Artículos 16 al 19, determinando que los contratos no tienen personalidad jurídica.

Se puede determinar que estos contratos de riesgos compartidos no fueron aprobados por el congreso nacional, por lo tanto, no nacieron nunca y son viciados de nulidad. Si se encuentran viciados de nulidad los contratos de riesgo compartido, también se encontrarán viciados los demás contratos posteriores a la firmas de estos Contratos de Riesgo Compartido, como ser los contratos denominados Back to Back¨. (Páginas 89-90)

8.- Petroleras auditadas incumplieron de acuerdo a las leyes

9.- Contrato back to Back

“Para cumplir los compromisos de exportación de gas natural a la República del Brasil y a la República de Argentina, como Agregador y encargado de distribuir según su participación en los diferentes bloques petroleros los volúmenes de gas pertenecientes a los cargadores, YPFB suscribió contratos denominados Back to Back con Andina, Petrobras y Total, contratos correspondientes al Contrato de Riesgo Compartido suscrito para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.

Encontrándose viciado de nulidad el Contrato de Riesgo Compartido suscrito para la operación de los campos petroleros conforme se ha establecido en el informe final legal presentado por las diferentes auditoras, se determina que este vicio también afecta de manera directa a los Contratos Back to Back”. (Página 91)

REPSOL TEME LA NACIONALIZACIÓN DE YPF EN ARGENTINA

El informe de Vila y Orgaz señala, además, que las Auditorías de Mariaca podrían ser aplicadas a Repsol en la actual coyuntura internacional. “En la Argentina hay fuertes presiones para nacionalizar la Repsol. Las razones para una posible reestatización de YPF (controlada al 58 por ciento por Repsol) son las “conductas abusivas”, “estructura monopólica de mercado” y “producción declinante” de la transnacional española”.

“Repsol para salvar viene prometiendo mayores inversiones en exploración y explotación y una disminución de sus altas utilidades que las estuvo reexportando a su casa matriz en España”.

“La pregunta central de este proceso es cuánto costaría nacionalizar Repsol en Argentina. La petrolera, se sostiene en círculos financieros, tiene un valor de mercado de $us. 16 mil millones de dólares y el gobierno de Cristina Fernández no tendría los recursos suficientes para nacionalizarla. En Bolivia, según Enrique Mariaca, bastaría aplicar las auditorías para nacionalizar a las transnacionales petroleras sin ninguna indemnización”, agrega.

Polémica sobre ubicación del bloque petrolero 31

Fuente: El Mercurio, http://www.elmercurio.com.ec/321402-polemica-sobre-ubicacion-del-bloque-petrolero-31.html

QUITO.- La anunciada explotación del petrolero bloque 31, por parte de la estatal Petroamazonas, ha sido cuestionada por ambientalistas porque sostienen se encuentra dentro del área del Parque Nacional Yasuní, mientras el Gobierno señala que este proyecto nunca formó parte del área del Yasuní.
Organizaciones como Acción Ecológica sostienen el bloque en mención está en el corazón mismo del parque Yasuní y anunciaron una campaña para prevenir su destrucción por actividades petroleras, que amenazarían, a su juicio, una de las zonas más biodiversas del mundo.
El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, sostiene que el Presidente de la República posiblemente “está mal informado”, porque, según dice, el bloque 31 “está en su integridad en el corazón del Parque Yasuní”.
Petroamazonas informó que desde el segundo semestre del 2013 se explotará el bloque 31, antes concesionado a la empresa brasileña Petrobras, la que el 2007, obtuvo el permiso ambiental para explotación. El 2008 el bloque pasó a manos de Petroamazonas.
La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, sostuvo que si en el 2007 Petrobras ya obtuvo la licencia ambiental, la misma se transfiere íntegramente, a Petroamazonas como nueva concesionaria, sin que se requiera otra autorización.
Según su gerente, Oswaldo Madrid, el bloque requiere una inversión de 365 millones, de los cuales 197 millones se destinarán este año previo a la producción y se financiaría con crédito del banco del IESS.
El funcionario recordó que el bloque 31 es un proyecto en marcha desde hace muchos años, con Petrobras. Reconoció que una parte del bloque 31 está dentro del Parque Nacional Yasuní, pero la explotación no afectará a la iniciativa de dejar el crudo del Parque, bajo tierra, a cambio de una compensación ambiental de la comunidad internacional, señaló.
Antes de la vacancia legislativa, la asambleísta María Paula Romo intentó un exhorto al Gobierno Nacional para suspenda la licencia ambiental del bloque 31.

POSICIÓN OFICIAL
La explotación aportaría18.000 barriles de crudo, diarios, que contendrían el 20% del total de reservas petroleras del país.
La ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinoza, recordó que las operaciones en ese campo se iniciaron antes de este Gobierno. Lo que sí sería irresponsable, dijo, es que esos contratos que están en marcha, el trabajo y la inversión realizada, no se utilice en su máximo potencial.
Espinoza, que dirige la iniciativa de recoger aportes para el Yasuní-ITT, señaló que el compromiso del Gobierno sigue en firme, para la no explotación, sin que se haya planteado una moratoria en este proyecto. (ALA)

LICITACIÓN DE BLOQUE PETROLERO ARMADILLO AMENAZA LA SUPERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO TAGAERI TAROMENANE

Fuente: La Linea de Fuego, http://lalineadefuego.info/2012/02/15/licitacion-de-bloque-petrolero-armadillo-amenaza-la-supervivencia-de-los-pueblos-en-aislamiento-por-roberto-narvaez/

El 16 de junio de 2011, el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) abrió la convocatoria para la licitación de varios bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana bajo la modalidad de prestación de servicios. Uno de los bloques considerados en este proceso de licitación es el denominado Bloque Armadillo.

Las empresas interesadas en los bloques a licitarse tenían como plazo hasta el 26 de agosto de 2011 para realizar sus ofertas técnicas y económicas, previo a la cancelación del derecho de participación por un monto de 10.000 USD.

La convocatoria cerró tras las ofertas presentadas por tres empresas interesadas en el Bloque Armadillo: PETROBELL ING GRANTMINIG S.A./PETRÓLEOS DEL PACÍFICO SA PACIFPETRL PETRÓLEOS ANDINOS SA ANDI PETRÓLEOS; GHONZANTY CONSORCIO MONTECZ y, CONSORCIO OKEME. El 7 de febrero de 2012, en una entrevista realizada por la prensa al Ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, afirmó que la empresa a la que se le entregaría la licitación del Bloque sería GHONZANTY CONSORCIO MONTECZ.

El proceso de licitación del Bloque Armadillo ha sido impulsado a pesar de que en la zona hay presencia de Pueblos Indígenas Aislados (PIA), de los clanes conocidos como Tagaeri Taromenane, tal como lo señalan los estudios elaborados desde el 2009 por el Estado ecuatoriano, a través del Plan de Medidas Cautelares (PMC) implementado por el Ministerio del Ambiente (MAE). Actualmente, el seguimiento de este tema lo realiza el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Los mencionados estudios, producto de un monitoreo de registros indirectos y huellas, señalan la presencia de un grupo familiar de indígenas aislados, al cual se lo ha denominado como Grupo o Clan Armadillo, con filiación Tagaeri Taromenane, que realiza un movimiento estacional cultural en el sector comprendido por los ríos Tiputini y Cuchiyacu.

En los últimos años, en la zona del Bloque Armadillo se han suscitado varias muertes de colonos y madereros entre los ríos Tiputini y Shiripuno, todos relacionados con los PIA, específicamente, con el grupo Armadillo. A continuación, hacemos un resumen de los hechos:
- El 2 de marzo de 2008, el maderero Mariano Castellanos murió lanceado por los PIA que habitan la zona de Armadillo, a 2,5 kilómetros del cabezal del pozo Armadillo.

- El 10 de agosto de 2009, en el sector de la pre Cooperativa “Los Reyes” conformada por población colona, se produjo un evento que implicó la muerte de una mujer y sus dos hijos.

Estas muertes fueron atribuidas a los indígenas aislados pertenecientes al Clan Armadillo, tal como lo señalaron varios informes del PMC. Los motivos por los que se produjeron las muertes, se presume fueron por el ruido molesto que generaba la planta eléctrica de la Plataforma Hormiguero Sur, perteneciente a la empresa PetroOriental operadora del Bloque 14.

El 24 de noviembre de 2009 el PMC realizó un sobrevuelo por el sector de Armadillo, logrando identificar una “casa Taromenane”, ratificándose de esta manera que el sector es de uso tradicional de PIA.

A los dos eventos antes mencionados y a la observación del sobrevuelo, es necesario sumar distintas señales de presencia de los PIA, las cuales han sido evidenciadas por la población Waorani de las comunidades Yawepade, Dikapade (Armadillo) y Ñoneno, ubicadas entre los ríos Tiputini y Shiripuno. 

Estos rastros de presencia y encuentros, en su momento, fueron reportados por el PMC del Ministerio de Justicia.

En este contexto, la licitación del Bloque Armadillo se convierte en una amenaza para los PIA Tagaeri Taromenane, ya que el inicio de las actividades de exploración y prospección petrolera, afectarían las dinámicas de movilidad y uso tradicional del territorio de los PIA y en particular del Clan Armadillo, así como también, su acceso a los recursos naturales básicos para su supervivencia.

Además, se expondría a los pueblos Tagaeri Taromenane a potenciales situaciones de contagio de enfermedades, las cuales, podrían generar epidemias y por ende, la muerte de los PIA, tal como ha sucedido en situaciones similares en otros lugares del continente (pueblo Panará en Brasil, pueblo Nukak en Colombia, pueblo Murunahua en Perú, entre otros).

También, se pondría en riesgo a los trabajadores, contratistas y subcontratistas de las empresas petroleras, así como a la población colona y Waorani que habita en las zonas circundantes al área de uso y movilidad tradicional de los PIA, quienes al sentir presión y amenaza externa tienen reacción de defensa que implican situaciones de violencia y muerte.

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los Pueblos en Aislamiento Tagaeri Taromenane podría desencadenar su muerte y desaparición cultural y biológica. Este pueblo al ser expuesto a las dinámicas de la actividad petrolera del Bloque Armadillo podrían entrar en la categoría de genocidio y etnocidio, ante lo cual, las autoridades del Estado ecuatoriano deberán hacer frente en el ámbito de la justicia nacional y en las instancias jurisdiccionales internacionales existentes.

La política extractiva del actual gobierno sustentada en discursos y hechos cargados de elementos violatorios de derechos en general, no sólo desde la autoridad máxima sino desde varios funcionarios públicos, hace necesaria la acción o pronunciamiento real de la sociedad civil nacional e internacional, a través de las organizaciones interesadas en temas de defensa de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas, a fin de frenar esta intención de explotación del Bloque Armadillo que afectará, como se ha analizado, a los pueblo Tagaeri Taromenane.

También, es imprescindible exigir al Estado ecuatoriano garantice la vida de los Pueblo Indígenas Aislados Tagaeri Taromenane, y su derecho a la autodeterminación, uso y movilidad por su territorio tradicional, cumpliendo las Medidas Cautelares que fueron determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2006, adicionalmente, solicitar a este organismo un mayor nivel de protección ante la política del Estado incorporando Medidas Provisionales de Protección para los Pueblos Tagaeri Taromenane