'No hay que denunciar a las empresas sólo por trabajar en territorios indígenas'
No corren buenos tiempos para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El Gobierno español ha anunciado una reducción del 65,4% de los presupuestos en este concepto. Unos recortes que ya se empezaron a ejecutar en 2011, año en el que también se observó una tendencia de la Cooperación hacia el sector privado. Ejemplo de ello fue la adjudicación de casi 150.000 euros otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la Fundación Repsol YPF en Ecuador, para un proyecto de fortalecimiento de comunidades indígenas en la Amazonía.
En este contexto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó la semana pasada España en el marco de su investigación mundial sobre el impacto de las empresas transnacionales en los pueblos indígenas. "Me ha interesado ver que hay cooperación entre el sector público español y las empresas para la promoción de prácticas para el respeto a los derechos humanos", explicó el pasado miércoles, minutos antes de reunirse con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en un acto público celebrado en Casa América (Madrid).
Respecto a la polémica subvención a Repsol YPF, que en los últimos meses ha recibido oposición desde diversos sectores civiles y políticos, James Anaya reconoció haber hecho preguntas a miembros del Gobierno español, pero "no he llegado a una opinión al respecto", señaló, "por lo general se espera que las empresas hagan lo que deberían hacer para contribuir a la cooperación de este tipo".
"Casi todos los días me llegan informaciones relacionadas con compañías extractivas. El enfoque no simplemente es denunciar por denunciar, escrear nuevas y mejores prácticas para que las empresas puedan mejorar", declaró Anaya. "En algunas situaciones puede ser que realmente no debería haber ninguna actividad petrolera por las condiciones existentes, pero otras veces puede ser que los pueblos indígenas vean la explotación petrolera como una ventaja para su propio desarrollo", aclaró el Relator.
En 2008, Repsol YPF tiró 14.000 barriles de petróleo en su zona de operación dentro de la Amazonía Ecuatoriana, según el presidente del Frente de Defensa de la Amazonía, Ermel Gabriel Chávez Parra. ¿Podría convertirse Repsol YPF en la nueva Chevron-Texaco, compañía de crudo estadounidense envuelta en un largo juicio por sus impactos en la misma zona? "El hecho de que sean empresas petroleras no quiere decir que vayan a hacer lo mismo. También hay compañías petroleras indígenas. No es la empresa petrolera, sino la actuación y el comportamiento el que hay que vigilar. Es cierto que las experiencias de los pueblos indígenas con las extractivas en muchas partes del mundo han sido de opresión y vulneración de sus derechos", contestó el también profesor universitario James Anaya.
Libre determinación
La clave para el Relator Especial de Naciones Unidas está en "el concepto de la libre determinación", es decir, "que los pueblos puedan tomar decisiones que marquen su propio desarrollo, en sus vidas y comunidades, y que esas decisiones no sean impuestas, que no sólo sea aguantar".
A James Anaya no le preocupa que en la actual época de crisis, las empresas se conviertan en una vía alternativa para las acciones de ayuda al desarrollo. "En algunos países existen esos modelos, por el cual las empresas crean fundaciones o tienen sus propios medios para beneficiar a las ONG. Pero hay que tener mucho cuidado con ese modelo porque las empresas tienen sus propios intereses financieros", destacó. "Cualquier tipo de cooperación en la cual el fondo proviene de la empresa, hay que tener controles. Hay que buscar la independencia de esos intereses y hay maneras de conseguir eso, pero hay que tener mucho cuidado", concluyó Anaya.
En los últimos años las compañías se han empezado a preocupar por respetar los derechos humanos, según el Relator: "Hay cada vez más una situación de responsabilidad social de las empresas y cada vez más un conocimiento de responsabilidad social entre las culturas y territorios de los pueblos indígenas".
El profesor cree que las transnacionales son capaces de este compromiso porque "enfrentan situaciones complejas todos los días y dedican esfuerzos a resolver esas situaciones. Yo confío en que si tienen voluntad, pueden dedicarla a establecer prácticas que sean consistentes y que promuevan y que respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas".
Durante su estancia ha entablado conversaciones con empresas españolas e instituciones del Estado, con las que ha tratado temas de cooperación internacional, de derechos humanos y de responsabilidad empresarial. También tuvo la oportunidad de reunirse con diputados y con la Comisión de Cooperación en el Congreso.
Los relatores especiales son expertos independientes, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que investigan determinadas situaciones en las que los derechos humanos se pueden ver vulnerados. James Anaya es profesor en la Universidad de Arizona (Estados Unidos) y está dedicando sus últimos años en el cargo (finaliza en 2014) a investigar las relaciones entre compañías extractivas y pueblos indígenas. Esa fue la razón que le trajo a España, para asistir a un seminario con ONG en el que ha tratado ese tema.
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