Madrid, 20 ene (EFE).- El Grupo Parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) insta al Gobierno a que garantice que la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) no se destina a financiar proyectos de empresas cuya actividad ocasiona daños medioambientales, sociales y vulnera los derechos humanos.
En una Proposición no de Ley, Izquierda Plural denuncia que la Fundación Repsol-YPF ha recibido 149.932 euros de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) para financiar un proyecto destinado al "fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de la operación de Repsol YPF Ecuador en la Amazonía ecuatoriana".
"Desde la entrada de Repsol en Ecuador en el año 2000 con la compra de YPF son numerosas las denuncias por parte de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales sobre la destrucción económica, social y medioambiental de la Amazonía Ecuatoriana", subraya Izquierda Plural en el texto presentado para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Señala que Repsol ejerce su "soberanía" sobre el territorio en el que opera, una zona habitada por el pueblo Waorani, Kitchwa, Tagaeri y Tagomenani y donde "controla la entrada y salida de personas", lo que supone una "clara violación de los derechos territoriales de los pueblos afectados".
Según afirma, existen numerosas denuncias sobre el aumento de enfermedades relacionadas con la actividad petrolera, así como daños hídricos y ambientales en la zona y destaca que el pueblo waorani está siendo sometido "a un fuerte proceso de aculturación y pérdida de autonomía e identidad", ya que Repsol administra la educación y la sanidad de las comunidades.
Asimismo, indica que Repsol "se ha visto obligada a reconocer el vertido de 14.000 barriles de crudo en 2008".
El grupo Izquierda Plural considera "incomprensible e inaceptable" que la AECID financie con dinero público a empresas "que incurren en prácticas contrarias a los derechos humanos internacionalmente reconocidos".
Por todo esto, la diputada Laia Ortiz ha registrado once preguntas en las que cuestiona al Gobierno por las razones que justifican la concesión de esta subvención y le pide que aclare si tenía constancia de las denuncias por daños medioambientales y sociales que "está provocando la actividad de Repsol en la Amazonía Ecuatoriana".
Le pide, asimismo, que detalle qué mecanismos de control ejerce el Ejecutivo para que los proyectos de cooperación se adecúen a los estándares internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos. EFE
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